Se evidencian riesgos de corrupción en entidades del Distrito

Foto: Archivo El Avance

De las 34 entidades distritales evaluadas en el Índice de Transparencia de Bogotá -ITB- aparecen en un nivel de riesgo alto de corrupción, 20 en un nivel de riesgo medio y 8 en un nivel de riesgo moderado.

La calificación más baja fue para el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD– con 54 puntos sobre 100 y la mejor fue para la Secretaría Distrital de Gobierno con 82,5 puntos. Bogotá obtuvo una calificación promedio de 68,7 puntos con un nivel de riesgo medio, ubicándose un poco por encima del promedio obtenido en la medición adelantada a nivel nacional.

Dos entidades se destacan por haber obtenido más de 80 puntos y ubicarse en un nivel de riesgo moderado: las Secretarías Distritales de Gobierno y de Educación.

Esta es la primera vez que el Distrito Capital mide su riesgo de corrupción en gestión administrativa y que un actor de la sociedad civil, Transparencia por Colombia, realiza esta medición. El levantamiento de esta línea base adelantada por la alianza entre la Veeduría Distrital, la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), ProBogotá-Región y la Corporación Transparencia por Colombia, promoverá que las entidades puedan definir acciones de mejoramiento que se verán reflejadas en la segunda medición establecida en el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos 2016-2020”.

“Es la primera vez que una ciudad capital de América Latina adapta la metodología y hace la medición de riesgos de corrupción. La meta del proyecto de Transparencia de la Veeduría Distrital es que el Distrito aumente en cinco puntos el promedio del ITB en la próxima medición en 2019. Actualmente, la Entidad lidera la Política Pública de Transparencia, Integridad y no Tolerancia con la Corrupción –PPTINC- y a partir de los resultados del ITB acompañaremos las acciones de mejoramiento que realicen las entidades evaluadas”, explicó el veedor Distrital, Jaime Torres-Melo.

¿Cómo se evalúa?

Los tres factores que integran esta calificación general son: Visibilidad, Institucionalidad y Control y Sanción.

La Visibilidad mide los riesgos generados por la opacidad en la información; la Institucionalidad mide los riesgos generados por deficiencias en los procesos y procedimientos en la gestión institucional y el Control y Sanción mide los riesgos asociados a una baja cultura de autorregulación, control externo en la entidad y mecanismo de sanción por hechos de corrupción.

El de mejor calificación fue el de Visibilidad con un promedio de 79,1 puntos. Esto señala que existen avances en la implementación de la Ley 1712 de 2014 que garantiza el Derecho de Acceso a la Información Pública de los ciudadanos.

El factor de Institucionalidad ocupó un segundo lugar con 65 puntos. La alerta más importante se centra en el bajo desarrollo de algunos instrumentos administrativos para la prevención de la corrupción y en la falta de una política de largo plazo que permita blindar a las entidades de la corrupción.

El factor de Control y Sanción obtuvo un promedio de 63,3 puntos, siendo el criterio con más baja calificación. Su alerta más relevante se refiere a las debilidades en la entrega de información a las entidades de control.

El 90% de los insumos para la evaluación del ITB lo aportaron las entidades. Las fuentes de información secundaria (10% restante) son las entidades de regulación y control del nivel distrital y nacional.

“La institucionalidad estatal está obligada a cerrarle el paso a la corrupción y una de las vías es mejorar los procesos de gestión administrativa. Los hechos de corrupciónmuestran cómo los corruptos se aprovechan de las debilidades de los procesos institucionales para apropiarse de los recursos estatales. Esta alianza permite que, con la ayuda de este instrumento de medición específico, se puedan evaluar de manera objetiva los avances que deberán desarrollar las entidades del Distrito para reducir los riesgos de corrupción”, afirmó Andrés Hernández, director Ejecutivo de Transparencia por Colombia.

“La medición del Índice de Transparecia de Bogotá es una meta del Plan de Desarrollo de la ciudad, es decir que para la Administración distrital ésta es una prioridad. Como sector privado creemos que representa un buen inicio para tomar todas las medidas necesarias para avanzar en la lucha contra la corrupción. Esperamos que la Alcaldía haga un ejercicio serio de revisión de los riesgos para lograr que Bogotá se convierta en un modelo de transparencia de la gestión pública”, sostuvo Luis Guillermo Plata, presidente de ProBogotá Región.

Para Jorge Mario Díaz, vicepresidente de Articulación Público-Privada de la CCB, “la transparencia en la administración pública es un componente esencial para la competitividad, por lo que esta medición, así como las acciones que tome el Distrito para mitigar los riesgos encontrados, son un gran paso para que Bogotá logre avanzar en el mejoramiento de su clima de negocios, un objetivo que desde la Cámara consideramos prioritario”.

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